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El Dr. Javier Delgado hizo comentarios a la Recomendación 91/2019 de la CNDH sobre violación de derechos humanos en Chihuahua

Impunidad de la Planta minera Ávalos y de servidores públicos, responsables de los daños a la salud y al medioambiente en la zona de Chihuahua: Javier Delgado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 91/2019 sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, salud, vivienda e interés superior de la niñez, por la contaminación del pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del Fraccionamiento Rinconada Los Nogales, en Chihuahua, Chihuahua.

El director del Área 4 de la Sexta Visitaduría General, Mtro. Edmundo Estefan, señaló que la CNDH emitió la recomendación por las afectaciones ambientales derivadas de la falta de manejo y disposición final de los residuos minero-metalúrgicos de la Planta Ávalos, al igual que la ausencia de remediación del sitio en el que se emplazó ese complejo industrial, junto con la construcción del Fraccionamiento Rinconada Los Nogales, en predios contiguos a esos residuos contaminantes, además de la exposición de la población a metales pesados como cadmio, arsénico y plomo.

El Dr. Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de la UNAM, comentó que, en esta Planta que comenzó a operar en 1904, hubo importantes efectos en la salud que quedaron impunes porque no existía la regulación necesaria para tener constancia.

Agregó que “es impresionante la impunidad de la que han gozado y con la que se han desenvuelto las mineras, y esta recomendación debe llegar a aquellas personas públicas responsables de las irregularidades o presuntos delitos que hayan derivado de las violaciones a la normatividad; el documento les da plazos para que presenten documentos de que ya hicieron lo que se les está recomendado.” También, añadió que además de las repercusiones a la salud de los habitantes, derivadas de la actividad de la Planta minero-metalúrgica Ávalos, también deben desarrollarse estudios sobre los efectos que se tuvieron en el terreno geográfico.

La Dra. Ruth Cecilia Venegas Pérez, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, consideró grave el impacto negativo de la Planta Ávalos a la salud humana y ambiental. “Efectivamente sabemos del efecto tóxico y subletal de metales pesados y altamente contaminantes a nivel de ecosistemas, estamos hablando de una exposición crónica, acumulativa, ocasionando daños severos a nivel de la población”.

Durante la presentación de la Recomendación 91/2019 el pasado 13 de noviembre, el Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General, dijo que la CNDH estará atenta hasta el total cumplimiento de la misma.

Esta consiste en 43 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); al Gobierno del Estado de Chihuahua y al Ayuntamiento de Chihuahua.

También la recomendación implica la reubicación de más de mil viviendas del Fraccionamiento Rinconada los Nogales; la liberación de la información oficial sobre la forma en que se vendieron y fraccionaron las tierras contaminadas, pertenecientes a la Planta minera Ávalos y, posteriormente los permisos que avalaron la construcción en esa zona.

Además, se obliga al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Chihuahua, abrir toda información oficial sobre la forma en que fueron vendidos los terrenos de la Planta, la forma en que fueron fraccionados para que el propio gobierno, a través del Instituto de Vivienda del Estado, construyera casas en suelo contaminado con plomo.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua adquirió los terrenos de la Planta Ávalos en marzo de 2004, pero no se han realizado las acciones de remediación ambiental. El gobierno del Estado de Chihuahua y el municipio de Chihuahua realizaron cambios indebidos de usos de suelo y edificaciones en un área perteneciente a la Planta Ávalos sin llevar a cabo acciones de mitigación ambiental.

La CNDH recomendó a las dependencias formular y adoptar, en un plazo de seis meses, un programa de protección ambiental en el fraccionamiento mencionado para prevenir la exposición a los metales pesados en el suelo y partículas respirables. Además, la Semarnat y la Profepa deberán verificar el cumplimiento de la normatividad sobre el manejo y disposición final de residuos peligrosos, y esta misma Secretaría junto con el Gobierno del Estado deberán actualizar su atlas de riesgo.

El Gobierno de Chihuahua y del municipio chihuahuense deben elaborar un plan parcial con acciones de conservación, así como reparar integralmente el daño a los afectados y colaborar con la CNDH en las quejas y denuncias que presenten.

 

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