Se llevó a cabo la mesa de discusión Desarrollo y gobernanza metropolitana. Alcances y desafíos de la reforma constitucional y la coordinación intergubernamental, organizada por la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM., el pasado 18 de marzo.

La Comisión de Zonas Metropolitanas realiza un proceso de análisis y construcción de las reformas legales necesarias que contribuyan al avance de las zonas metropolitanas del país. Es por ello que esta mesa, en la que participaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo como fin analizar los alcances y retos del marco normativo vigente en materia de gobernanza metropolitana.

En la mesa se planteó que la reforma constitucional es fundamental para legislar en materia metropolitana. Es imprescindible una reforma constitucional, específicamente al Artículo 73, que permita al H. Congreso de la Unión expedir una ley en la materia. 

Por parte de la UNAM, en representación de la Coordinación de Humanidades, la secretaría académica Fiorella Mancini precisó que esta discusión resulta pertinente y esencial en el contexto urbano que enfrentamos a nivel global y nacional, donde en América Latina y el Caribe 8 de cada 10 personas viven en ciudades.

En la recta final hacia la Agenda 2030, dijo, “las ciudades y su gobernanza serán las que determinen si avanzamos hacia un crecimiento económico y social inclusivo o por el contrario profundizamos las desigualdades”.

Por lo que precisó: “atender estos desafíos no es un reto técnico menor, es una obligación ineludible del Estado frente a la garantía de los derechos humanos de todas las personas”. En este contexto, reconoció el notable esfuerzo que la Comisión de Zonas Metropolitanas, de la mano de la UNAM y el PUEC, realizan para promover espacios de análisis que tienen el potencial de traducirse en propuestas e iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Observar las zonas metropolitanas desde sus necesidades estructurales implica adoptar una mirada crítica que reconoce la limitación del enfoque sectorial, pero también, la estricta necesidad del enfoque de derechos humanos para afrontar cualquier política pública que intente cumplimentar con la garantía del derecho a la ciudad en su sentido más amplio”, agregó Mancini.

El director del PUEC, Dr. José Gasca Zamora, explicó que se deben discutir, tanto la iniciativa de Ley de Zonas Metropolitanas, como la reforma constitucional correspondiente. Remarcó que la importancia de las zonas metropolitanas es innegable, ya que se han posicionado como áreas de concentración demográfica, económica, de infraestructura y servicios, pero que, a su vez, enfrentan diversas desigualdades socio territoriales, procesos de expansión desordenada y presiones ambientales crecientes, lo que plantea la exigencia de discutir marcos normativos institucionales más robustos para una gestión y gobernanza eficaz.

Gasca señaló que “los ámbitos metropolitanos enfrentan limitaciones estructurales en términos de capacidades institucionales, coordinación intergubernamental y armonización normativa y abre interrogantes sobre la viabilidad operativa y la efectividad real de los instrumentos legales”. Por ello, la Ley de Zonas Metropolitana precisa de una mayor fundamentación jurídica y constitucional.

Por su parte, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, destacó que las ideas de este encuentro “permiten robustecer las conversaciones fundamentales para poner sobre la mesa una ley vanguardista que abrigue y cobije las necesidades para que haya metrópolis más ordenadas y territorios más vivibles y habitables”. 

El Dr. Alfonso Sánchez Almanza, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, planteó que la Ley de Coordinación de Zonas Metropolitanas debe ser transversal, vinculante, moderna y participativa, además de tener un enfoque territorial.

Señaló que para la instrumentación se requiere un marco normativo para la gobernanza concurrente y cooperativa; un consejo metropolitano con facultades consultivas y vinculantes; un sistema de financiamiento que defina la asignación de recursos; un sistema de información confiable y accesible; y un sistema de evaluación y seguimiento también con recomendaciones vinculantes. 

El Dr. Daniel Pérez Torres, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, precisó que el federalismo es clave para la respuesta metropolitana en nuestro país. “Tenemos pluralidad, pero también unidad y coherencia. No solo es un tema jurídico, también es una forma de ejercer derechos políticos económicos y sociales y se debe compartir el poder. Una zona metropolitana implica compartir el poder y cooperar”.

Para una reforma constitucional, la propuesta de modificación al Artículo 73 es fundamental para otorgarle al Congreso la facultad de expedir leyes en materia de desarrollo y gobernanza metropolitana y superar su concepción como un tema de planeación. Puede promulgarse una ley y de ser necesario leyes en materias como el financiamiento, modelos de gestión metropolitana, agencias, consorcios, entre otros.

La definición de lo metropolitano desde la perspectiva de gobernanza implica establecer un marco jurídico, político y social que vaya construyendo una noción de ciudadanía metropolitana. “Es una oportunidad histórica de incorporar el tema metropolitano en la Constitución con un enfoque de planeación, gestión, ejecución y operación, hacia una gobernanza metropolitana incluyendo ambos modelos de gobernanza multinivel”.

El Dr. José María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, expuso que las nuevas estructuras de gobernanza metropolitana que se puedan crear, al alterar el estatus quo, pueden provocar resistencia de los intereses existentes.

Coincidió con la idea de que uno de los grandes desafíos es construir una ciudadanía metropolitana, es decir, una identidad metropolitana para evitar que la carencia de ella sea un obstáculo para la generación de políticas públicas de alcance metropolitano.   

“Todos los modelos de gobernanza metropolitana implican una transferencia de poder de órdenes tradicionales a nuevas formas metropolitanas de gobierno, este es un reto e implica cómo procesar políticamente la creación de nuevas estructuras de coordinación metropolitana y qué incentivos se pueden crear para compensar la transferencia de poder”, añadió el experto.

Finalmente, Víctor Ramírez Navarro de la Facultad de Arquitectura precisó “se deben hacer propuestas concretas que vinculen la planeación del territorio metropolitano a los mecanismos de ejecución y rendición de cuentas, para ello es imprescindible una reforma constitucional en materia metropolitana”.

Es deseable revisar los instrumentos legislativos y reforzar su coherencia con el sistema de planeación. También, es indispensable vincular la planeación con mecanismos efectivos de implementación y seguimiento; además de fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planear y ejecutar.

Por parte de la Cámara de Diputados estuvieron presentes la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados; la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Patricia Palacios, de la fracción parlamentaria de Morena y diputada por Nuevo León y secretaria de la Comisión de Zonas Metropolitanas; el diputado Antonio Ramírez, del partido Verde Ecologista y, el diputado federal de Morena Roberto Mejía Méndez.